El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) de Panamá, que aglutina a diversos gremios productivos del país, dijo hoy que el Gobierno de Juan Carlos Varela «lesiona» la seguridad jurídica y los principios de la libre empresa, por lo que hizo un llamado al diálogo y la concertación.
El Conep lanzó la alerta después de que el Ejecutivo de Varela, un empresario de la industria licorera, anunció la semana pasada que conformará una comisión para decidir el futuro de un proyecto hidroeléctrico, con un 95% de avance y suspendido en febrero pasado, en la que no participará el contratista a cargo de la obra.
Esa decisión del Gobierno «nos deja a todos muy perplejos (…) el mensaje fue absolutamente negativo para el sector privado y para la banca, que pone una luz roja sobre estos proyectos» del sector energético, afirmó este martes la presidenta del Conep, Elisa Suárez.
El Gobierno panameño anunció el pasado día 4 que junto con una comisión de indígenas decidirá si la hidroeléctrica, denominada Barro Blanco, será concluida por el mismo contratista que la desarrolla, la hondureña Genisa, a la que acusa de incurrir en «recurrentes fallas administrativas y manejo inadecuado» del proyecto.
Una fuente oficial dijo entonces a Efe que un escenario «muy probable» es que lo que resta del proyecto siga con otra administración dada las «malas relaciones» entre las comunidades indígenas colindantes y la empresa, pero aclaró que eso está por definirse.
«El trabajo de las relaciones con las comunidades no es una responsabilidad de las empresas, debe ser una responsabilidad del Estado», afirmó Suárez en una rueda de prensa, en la que estuvo acompañada por líderes de varios gremios productivos locales.
La presidenta del Conep recalcó que «el sector de la energía ha invertido en Panamá más de US$2.000 millones «, y que situaciones como la que envuelve al proyecto de Barro Blanco genera «interrogantes» y deja «muy comprometido el financiamiento de los proyectos energéticos que están pendientes».
Añadió que el caso de Barro Blanco forma parte del «cúmulo de acciones que el Gobierno lleva a cabo en detrimento del sector empresarial», entre las que mencionó intervenciones para el cese de operaciones, la aplicación de un control de precios en ciertos alimentos básicos, y el retardo en el pago de cuentas pendientes.
El Conep pidió a las «autoridades competentes que no se atente contra los principios y normas de la seguridad jurídica, pues de no cumplirse con las mismas, la inversión nacional y extranjera, el crecimiento económico y las transacciones que se ejecuten dentro del sector privado, se verán seriamente afectadas», indicó un comunicado del organismo.
El documento recalcó que el sector privado representa el 80% del producto interno bruto (PIB) panameño y genera el 77% de los empleos formales en el país.
«Hay que ser cuidadosos con el capital privado que se ha invertido en este país», resaltó Suárez.
El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP), Carlos Fernández, se quejó asimismo de que Varela, contrario a lo que prometió en la campaña electoral, ha echado mano a la fórmula de aumentar los impuestos para afrontar el gasto público.
«Se quiere imponer un impuesto de la noche a la mañana» para sufragar un aumento en las pensiones y jubilaciones, «cuando estos fondos deberían venir de un optimización del gasto público», afirmó Fernández.
Los representantes empresariales «hicieron un llamado público» al presidente Varela a que «se reúna en el Conep para un diálogo efectivo y respetuoso entre Gobierno y sector privado, en donde se buscaría, sobre todas las cosas, mantener el crecimiento y desarrollo saludable del país».
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12 de mayo de 2015Noticias
